La Secretaria de Formación y Empleo de CCOO de Extremadura ha elaborado un informe detallado sobre la cantidad y calidad de formación que reciben parte de los desempleados donde se pone en evidencia que esta enmienda no tiene sentido y que no hay datos que soporten su justificación.

Para CCOO, la enmienda socialista sólo pretende exculpar al Gobierno de la inconsistencia de sus políticas activas de empleo y trasladar la responsabilidad a quien no la tiene.

En el caso de Extremadura, que puede ser análogo al resto de comunidades autónomas, en el año 2008, con una media anual de personas desempleadas en el SEXPE de 84.530, sólo pudieron acceder 21.075 personas a algún curso de formación, es decir, tan solo uno de cada cuatro desempleados.

Asimismo, el sindicato añade que la financiación empleada fue alrededor de 76 millones de euros. En el 2009, la situación no mejoró, pues con una financiación de unos 79 millones de euros, tuvieron acceso 18.133 personas desempleadas, cuando la media de estos había subido hasta los 107.324, es decir tan solo uno de cada 6 personas tuvieron acceso a estos cursos.

Según CCOO, el desarrollo de unas políticas de empleo proactivas y adecuadas a las necesidades del mercado de trabajo exigen la reforma del Servicio Público Estatal de Empleo, reforma que quedó comprometida en la anterior Reforma laboral de 2006, pactada con las organizaciones sindicales y que el gobierno de Zapatero ha omitido.

A este respecto, la organización sindical subraya que se deben potenciar estos Servicios Públicos de Empleo, en lugar de externalizar servicios a través de agencias de colocación con o sin fines lucrativos.

Por otra parte, CCOO matiza que es fundamental destinar mayores inversiones a las políticas activas de empleo; la inversión tiene que adecuarse con los niveles de desempleo de España; y, esto requiere de fuentes de financiación que deben venir por aprovisionar mayores ingresos por parte de estado para transferir financiación a las comunidades autónomas.

En este sentido, CCOO recuerda que esta necesidad se justifica también, como es el caso de Extremadura, por la disminución de otras fuentes de ingresos como los del Fondo Social Europeo, que se irán acrecentando en los próximos años.