La delegada de Personal del Ayuntamiento de Mérida, Leonor Nogales, ha asegurado este jueves que la “mayor parte” de los conserjes de los colegios de la ciudad, en concreto siete de ellos, accedieron a sus trabajos a través de una convocatoria para cubrir diez puestos de conserjes para el curso académico 2007/2008.

A continuación, tal y como ha informado la edil popular en un comunicado, se publicó un anuncio con la bolsa de empleo de los conserjes donde se especificaba que, “de acuerdo con lo establecido en la base 6ª de la convocatoria para cubrir 10 puestos de conserjes para el curso académico 2007/2008”, se hacía pública la bolsa de empleo para cubrir idénticos puestos que se vayan demandando.

“La bolsa de empleo constaba de 142 personas aprobadas”, apunta Nogales, quien ha especificado que cuando finalizó el periodo de contratación del curso académico 2007/2008, los conserjes continuaron trabajando, “sin dar opción a poder trabajar en el próximo curso académico a otras personas, en concreto, a cualquiera de las 142 que estaban aprobadas y en bolsa de empleo”.

Así pues, a su entender, “existe claramente enchufismo y un trato de favor hacia los conserjes contratados, por permitirles continuar cuando sus contratos de trabajo habían finalizado”.

En este sentido, la delegada de Personal ha precisado que la Bolsa de Empleo que se hizo en 2007/2008 explicaba que “era para cubrir idénticos puestos que se vayan demandando, pero se la saltaron a la torera y crearon una nueva bolsa de trabajo para Conserjes que publican el 25 de abril de 2008”.

“No comprendemos cuál es el motivo por el que pierden sus derechos las 142 personas de la primera bolsa de empleo vigente. Pero se hace una nueva bolsa de 414 personas, y a través de la cual, entra a trabajar un familiar del por entonces Consejero municipal de Educación,  Saturnino González”, argumenta Nogales.

Finalmente, según sus palabras, “al mantener a las mismas personas trabajando por más tiempo que el marcado en su primer contrato, el juez estima que es evidente que la entidad demandada ha incurrido en un patente fraude de ley que conlleva necesariamente la consideración del cese como un despido improcedente con todas sus consecuencias”, concluye.