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Innovación y Tecnología

La UEx destaca que el borrador de Ley de la Ciencia crea nuevos organismos y facilita la relación público-privada

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La nueva Ley supone la mayor reforma del sistema español de I+D del último cuarto de siglo, desde que se promulgara la Ley de la Ciencia en 1986.

La UEx destaca que el borrador de Ley de la Ciencia crea nuevos organismos y facilita la relación público-privada

Potenciará la investigación

11/03/2010

El texto ha tardado en llegar, después de que la comisión de 25 expertos designada para elaborar el borrador del anteproyecto de Ley de fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico presentara su primer documento hace ahora un año (12 de febrero de 2009) pero está listo para su valoración final y posible aprobación en el Consejo de ministros del próximo 12 de marzo, recoge la UEx en su web.

Según el artículo publicado en la misma, el borrador supone la mayor reforma del sistema español de I+D del último cuarto de siglo, desde que se promulgara en 1986 la Ley de la Ciencia. En 45 artículos, 26 disposiciones adicionales, cinco transitorias, una derogatoria y cuatro finales, el nuevo borrador aborda cuestiones generales como la gobernanza del sistema de ciencia y tecnología, los recursos humanos, la innovación, la cultura científica, y la coordinación entre comunidades autónomas.

Además, el borrador del anteproyecto de Ley equipara las categorías profesionales de los investigadores (escalas y salarios) en universidades y Organismos Públicos de Investigación (OPI) -profesor de investigación, investigador científico y científico titular- para fomentar la movilidad entre diferentes centros. Según el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), "el personal investigador podrá ser funcionario, de carrera o interino y personal laboral, fijo o temporal".

Entre las novedades, cabe destacar que los investigadores predoctorales que, hasta ahora y a excepción de algunas comunidades autónomas tenían dos años de beca (sin cotización ni derecho a paro) y dos años de contrato (modelo 2+2), pasarán a tener contratos temporales desde el primer año.

Igualmente, en el segundo tramo de la carrera científica, los investigadores posdoctorales (después de la tesis doctoral) optarán a un contrato de cinco años, con dos evaluaciones (a los tres y cinco años) por parte de la Agencia de Evaluación y Calidad de la Acreditación (ANECA). Pasada la evaluación, serán investigadores funcionarios del Estado y la ANECA continuará evaluándolos de forma periódica. En total, una carrera planificada en nueve años (4+5) para poder ser investigador funcionario, en un sistema que hoy es seis veces mayor que en 1986.

No obstante, quedan por definir los indicadores de calidad investigadora, pero se intuyen algunos, como el número de artículos científicos publicados, y el número de patentes. Los investigadores funcionarios españoles también podrán pedir excedencias de hasta cinco años para trabajar en empresas privadas.

Además, el borrador de la Ley prevé contratos de investigación distinguida para científicos y científicas extranjeras de prestigio que trabajen en España con un nivel de alto directivo. Uno de los objetivos de la Ley es "atraer talento".

Nueva Agencia Estatal de Investigación

Con la idea de realizar una "transformación profunda" del modelo de gestión autonómica en I+D (según la exposición de motivos del borrador de la Ley, "un sistema de sistemas que demanda mayor eficacia"), el Gobierno creará la Agencia Estatal de Investigación.

La nueva entidad gestionará las ayudas del Plan Nacional de I+D (con la nueva Ley, el Plan Estatal de Investigación Científica y técnica) y gestionará, junto con el Centro de Desarrollo tecnológico e Industrial (CDTI), todos los fondos estatales, así como los de tres nuevos órganos: el Consejo de Política Científica y Tecnológica, el Consejo Asesor, y el Comité de Ética de la investigación.

Según el MICINN, se trata de crear un sistema de gestión de la investigación de la Administración General del Estado "más flexible y menos burocrático", más eficiente en el gasto público (los recursos para ciencia se han triplicado en los últimos cinco años), y basado en la cooperación entre administraciones.

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