Pérez ante los medios.

La Consejera de Educación, Eva María Pérez, se ha reunido este martes con miembros de los grupos parlamentarios Socialista-Regionalistas y Popular-Extremadura Unida en la Asamblea para seguir avanzando en el acuerdo sobre la futura Ley de Educación de Extremadura, de la que ha salido muy satisfecha, aunque ha querido huir de triunfalismos. Más si cabe teniendo en cuenta que ésta ha sido la última reunión previa a la que van a celebrar el próximo jueves, 11 de noviembre, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el presidente del PP extremeño, José Antonio Monago.

Precisamente, de cara a esta trascendental cita, la titular de este departamento cree que el encuentro de ambos responsables dará sus frutos. “Si nada se tuerce, y nada tiene por qué torcerse porque creo que ya lo hemos dejado todo perfectamente encarrilado y enjaretado para que el acuerdo sea posible y sea ya una realidad, las expectativas de la sociedad extremeña se verán cumplidas si todo va bien, y finalmente se podrá llegar a ese pacto educativo entorno a la LEEx”.

Así de tajante se ha mostrado al término de la reunión la responsable ante los medios de comunicación, ante los cuales ha especificado que los objetivos de este nuevo encuentro entre Gobierno, PSOE y PP, ha sido “intentar resolver los flecos” que quedaron pendientes de la reunión del pasado miércoles, especialmente en aquellos aspectos que la oposición consideraba “irrenunciables” para poder aprobar este pacto. No obstante, además de éstos, también han abordado otros elementos que los populares han puesto sobre la mesa, “dada nuestra máxima voluntad de acuerdo”, apostilló.

En este sentido, Pérez ha vuelto a mencionar los planteamientos que para la oposición son de carácter “irrenunciable” como lo son un Plan de Infraestructuras Educativas con dotación presupuestaria y un horizonte temporal; la creación de un Registro de Hechos Conflictivos; la consideración de autoridad pública con presunción de veracidad para el docente; el destinar un porcentaje del PIB al gasto educativo; que la educación de 0 a 3 años sea gestionada por la Consejería de Educación; y se defienda la convergencia de la educación extremeña con los objetivos educativos europeos.

Pues bien, según palabras de la consejera, “prácticamente todos esos elementos irrenunciables se han trasladado al texto articulado”, con alguno más como lo es la libertad de elección de centro “que el PP quería perfilar o matizar lo que decía nuestro texto articulado”. A este respecto, la responsable ha reconocido que el elemento de “mayor complejidad” desde el punto de vista jurídico ha sido el tema del reconocimiento de la autoridad pública a los docentes.

En relación a este asunto, la titular de Educación ha revelado que durante la reunión celebrada este martes “hemos entregado un texto al PP que nos parece impecable desde el punto de vista jurídico y que recoge las pretensiones que el PP tenía en esta materia, de tal forma que en nuestra redacción decimos que el profesorado de la enseñanza pública, de acuerdo a lo que dice el ordenamiento jurídico, es decir, el Código Penal, tendrá la consideración de autoridad pública con reconocimiento de presunción de veracidad en el ejercicio de sus funciones disciplinales”.

De este modo, tal y como ha insistido, “recogemos este objetivo que planteaba el PP”, para el resto de los docentes, “autoridad magistral y académica”. No obstante, Pérez ha querido aclarar que “independientemente de lo que diga la Ley de Educación de Extremadura, la autoridad en el aula no se gana mediante una ley, sino que se gana con el trabajo del día a día del profesor en el aula”. Por ello, aunque éste era un hecho importante para el PP, “creemos que hay otros elementos consustanciales en la mejora de la convivencia y de la disciplina en las aulas”.

Por otro lado, durante la reunión, también se ha establecido en el texto articulado un Plan de Infraestructuras Educativas con horizonte temporal plurianual y con dotación presupuestaria “suficiente” para abordar este plan de inversiones. Así pues, los aspectos que de momento “siguen quedando vivos” son el porcentaje del PIB que se va a destinar al gasto educativo o el peso que va a tener la Educación en el presupuesto global de la Junta de Extremadura; y el tema del “blindaje” que Fernández Vara va a plantear a Monago el próximo jueves.
 
Además, Pérez ha anunciado que el propio líder de la oposición planteará al jefe del Ejecutivo regional algunos temas más que también han sido abordados este martes como lo es que la educación de 0 a 3 años sea gestionada por la Consejería de Educación y el asunto de la libertad de elección de centro, “que hemos tratado y ampliado en el texto articulado de la futura LEEX”.

A la vista de este panorama, Pérez ha hecho hincapié en que si tuviera que hacer una calificación de esta última reunión, que se ha extendido a tres horas, sería de “muy positiva”. No obstante, “como no quiero caer en el triunfalismo ni que me tachen de ser excesivamente entusiasta, y desde luego no soy nada agorera, sí puedo decir que tengo vibraciones muy positivas, porque ya sí que queda de manifiesto que no hay elementos que afecten a la calidad del sistema educativo que no estén en la Ley, puesto que lo demás pueden ser florituras que la adornen más pero que no son imprescindibles para ella”, aseveró.

Libre elección de centro.

Preguntada por cómo queda entonces la libre elección de centro en esta normativa, la consejera ha detallado que desde el Gobierno “queríamos proponer exactamente la misma redacción que el PP había dado a este tema en su programa electoral, que es que en la asignación de puestos escolares se garantice la libertad de elección de centro a las familias en la medida de lo posible”.

“A nosotros nos parecía bien y eso es lo que exactamente hemos hecho, porque lo habíamos eliminado del borrador del Anteproyecto de Ley y el Consejo Consultivo nos advirtió sobre esta cuestión: había que introducir una coletilla porque el derecho a la elección de centro no es un derecho absoluto, depende de los puestos escolares que se ofrezcan o de la planificación que tiene que hacer la Administración educativa”, argumentó.

Por otro lado, sobre la educación concertada, la consejera ha asegurado que queda “perfectamente” en la Ley, ya que se ha avanzado “mucho”, teniendo en cuenta que este documento “era fruto del consenso y de las aportaciones que había hecho toda la comunidad educativa”.

“Claro que se han dado avances porque entendemos que tanto los centros públicos o los privados-concertados, los generados con fondos públicos, prestan un servicio público que queremos que sea de calidad, que ofrezca las mismas oportunidades a todo el alumnado y garantice la cohesión social, y para ello nos tenemos que dotar de los medios y los recursos necesarios para que tanto los centros públicos, como los centros privados puedan prestar ese servicio”, incidió.
 
Por tanto, para Pérez no es sorprendente que la última palabra sobre la LEEX la tendrán Guillermo Fernández Vara y José Antonio Monago. Eso sí, ha afirmado que la decisión que han tomado de reunirse esta semana se debe a que “ambos consideran que el terreno está suficientemente allanado como para que el acuerdo pueda ser real”, por lo que, a su entender, “esta reunión sólo tiene sentido si este acuerdo se va a materializar”.

“Nadie puede decir sin ruborizarse que haya escollos serios para poder llegar a un acuerdo entorno a una ley, lo de menos es que seamos los primeros en alcanzar un pacto educativo y lo de más es que ese pacto educativo responda a las expectativas que tiene la sociedad extremeña, lo de más es que PP y PSOE antepongamos los intereses de la sociedad extremeña a los intereses partidistas y lo de más es apostar por el futuro y por el presente de la región”, remarcó.

Por todo ello, considera que habrá “fumata de cualquier color”, pero “todos compartimos y tenemos la esperanza de que esa fumata sea blanca”, sentenció.