Así, lo ha señalado la Vicepresidenta, Portavoz y Consejera de Empleo, Empresa e Innovación, Cristina Teniente, tras la reunión del Consejo de Gobierno, añadiendo que la Ley incorporará instrumentos de control previo sobre el contenido de campañas relacionadas con dicha temática.

Para Teniente, se trata de una ley "necesaria" e "indispensable", que contribuirá a que la comunicación con los ciudadanos sea "fluida y útil", y que pretende "fundamentalmente" cumplir con objetivos de "transparencia, pluralidad y eficiencia".

Concretamente, el objetivo es que la publicidad y comunicación institucional vaya "pensada para los ciudadanos", así como que tenga un "enfoque de servicio público", con las "prioridades" de "garantizar una comunicación útil para los ciudadanos, transparente y que mantenga y defienda la lealtad institucional".

Sobre esta cuestión, la Vicepresidenta ha recordado que, cuando se apruebe la norma, se convertirá en la primera ley de comunicación y de publicidad institucional de la región pues, a pesar de que en 1996 se aprobó una norma que regulaba dicha materia, ésta "nunca llegó a aplicarse".

Según Teniente, se tratará de recuperar y ampliar el "espíritu y contenido" de la citada ley de 1996, para que la publicidad y la comunicación institucional se configuren como "derecho del ciudadano" y como "un deber de las instituciones aplicada con objetividad y veracidad".

Además, ha recalcado que se recoge la publicidad institucional como "servicio público" y se establecerán requisitos para que las campañas institucionales que se contraten desde las instituciones sean "efectivamente útiles para los ciudadanos" y, también se dará "prioridad" en las contrataciones a aquellas acciones que contribuyan a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, así como al respeto por la diversidad social y cultural.

Control

De cara a velar por el cumplimiento de todos estos aspectos, la futura ley incorporará "instrumentos de control previo sobre el contenido de campañas de publicidad y de comunicación institucional".

Con este fin, se constituirá la Comisión de Comunicación y Publicidad Institucional de Extremadura, que será un órgano "colegiado" al que corresponderá la planificación, asistencia técnica, evaluación, coordinación y el control de las actividades de comunicación y publicidad de la Administración autonómica.

Asimismo, en un desarrollo posterior, la ley tendrá en cuenta la figura del periodista "en un rango de tanta importancia como las empresas de comunicación", por tanto se considerará medio de comunicación "a aquél que tenga contratados periodistas en nómina".